Jáuregui sostuvo que, durante una audiencia que se prolongó entre seis y siete horas, se expusieron testimonios de más de 45 servidores públicos, pero aseguró que ninguno lo señaló directamente como responsable de autorizar la participación de ciudadanos estadounidenses en el operativo. Por ello, cuestionó que la acusación se sostenga mediante inferencias y elementos que, desde su perspectiva, no acreditan su intervención en los hechos investigados.
También cuestionó el uso de un video en el que aparece reunido con otros funcionarios, entre ellos Zuany Portillo y Oseguera, al considerar que ese material no demuestra por sí mismo que hubiera autorizado o participado en decisiones relacionadas con la presencia de agentes extranjeros. El exfiscal rechazó que se pretenda establecer su responsabilidad a partir de encuentros o comunicaciones sin que, afirmó, exista evidencia directa que respalde esa conclusión.
En su intervención, Jáuregui defendió las decisiones que tomó durante su gestión al frente de la Fiscalía General del Estado, particularmente las relacionadas con el operativo en el que se localizó un presunto narcolaboratorio en el municipio de Morelos. Sostuvo que no se arrepiente de haber actuado y afirmó que volvería a tomar la misma decisión antes que permanecer omiso o asumir una postura tibia frente a los hechos.
El exfuncionario señaló que, si de sus decisiones se desprendiera alguna responsabilidad estatal o federal, estaría dispuesto a asumirla “con orgullo”. Sin embargo, insistió en que esa disposición no significa aceptar delitos que asegura no haber cometido, y cuestionó que se le atribuyan conductas sin pruebas suficientes para sostenerlas.
Respecto a su renuncia como fiscal general, explicó que su salida buscaba evitar que su permanencia en el cargo interfiriera en el desarrollo de las investigaciones. Rechazó que su decisión de separarse de la institución deba interpretarse como una admisión de responsabilidad y sostuvo que buscó proteger el proceso de investigación.
Jáuregui también negó que exista riesgo de que pretenda evadir la justicia. Durante la discusión sobre las medidas cautelares, cuestionó que su trayectoria pública o sus recursos económicos se consideren, por sí solos, elementos suficientes para justificar la prisión preventiva. Su defensa, encabezada por el abogado Héctor Villasana, calificó como subjetivos los argumentos de la Fiscalía sobre un posible riesgo de fuga.
El exfiscal cuestionó además el uso de la prisión preventiva cuando, a su juicio, se pretende aplicar como una medida automática o con motivaciones ajenas a la necesidad procesal. Sostuvo que las acusaciones deben analizarse con base en pruebas y no utilizarse como un mecanismo de presión. También manifestó que no busca evadir el procedimiento judicial y que acatará la resolución que emita el juez.
En el plano político, Jáuregui afirmó que anticipaba ataques contra su proyecto y rechazó que vaya a ceder ante presiones o acuerdos ocultos. En ese sentido, defendió la participación libre de la militancia del Partido Acción Nacional y de la ciudadanía, y sostuvo que las decisiones políticas deben tomarse sin imposiciones.
La Fiscalía solicitó que el exfuncionario enfrentara el proceso en prisión preventiva, al argumentar que sus anteriores cargos y sus presuntos vínculos con ciudadanos estadounidenses representaban factores de riesgo. La defensa, en cambio, propuso medidas cautelares alternativas, entre ellas la presentación periódica ante las autoridades, una garantía económica, restricciones de acercamiento a testigos y a la Fiscalía, la entrega de documentos migratorios y el uso de un brazalete electrónico.
Finalmente, el juez determinó que Jáuregui continúe el proceso en libertad bajo medidas cautelares distintas a la prisión preventiva. La investigación se relaciona con el operativo realizado en El Pinal entre el 17 y el 19 de abril, en el que murieron cuatro personas: dos agentes de la Fiscalía estatal y dos ciudadanos estadounidenses. El caso también involucra el señalamiento sobre la presunta participación de extranjeros en actividades operativas sin la autorización correspondiente.