La diputada Isela Martínez Díaz presentó una iniciativa con el fin de integrar en la iniciativa 1063, la cual busca elevar a rango constitucional el Instituto de Asistencia Jurídica del Estado, un capítulo para integrar un sistema de servicio profesional de carrera de las personas defensoras públicas.
La legisladora informó que sostuvo una reunión con personal de la Defensoría Pública del Estado, en la cual manifestaron la problemática que enfrentan las y los defensores públicos en cuanto a la permanencia laboral, ya que después de recibir la capacitación necesaria para desempeñar su trabajo, existen cambios constantes de personal o migran a otros puestos, lo que significa contratar nuevas personas y capacitarlas.
Aunado a esto, las y los defensores públicos reciben altas cargas de trabajo, lo que provoca un desgaste en su desempeño y afecta el acceso a la justicia de sus defendidos, a lo que que se suman los bajos salarios y las pocas oportunidades de crecimiento dentro de la institución, factores que ocasionan el eventual abandono de estos puestos.
La deserción de personal capacitado es preocupante, por lo que Martínez Díaz hizo hincapié en la necesidad de elevar a rango constitucional la figura del servicio profesional de carrera en esta noble institución, para consolidar los servicios de defensoría en favor de la ciudadanía, así como garantizar la igualdad de oportunidades laborales, ascensos, permanencia, capacitación y estabilidad a través de los méritos y capacidades demostradas durante su trabajo.