¡Feliz aniversario de los 317 años de su fundación!
El objetivo primario de la elección de 2027 es despojar al régimen político del poder legitimador de una elección comprometida por la ilegalidad, la parcialidad y la trampa.
En la coyuntura actual la confianza o el optimismo pueden tener un efecto pernicioso para el país.
Se entiende necesario que la sociedad se movilice con motivo de los comicios y que el resultado de la elección signifique la recuperación de lo políticamente más rescatable del pasado previo al obradorismo: la coexistencia de la pluralidad. Sin embargo, ignorar las nuevas condiciones de la lucha política bien puede resultar en legitimar el régimen de la exclusión y la intolerancia a la diversidad política.
En este sentido, el reto mayor es tener claridad de qué puede aportar el proceso político asociado a los comicios. Dos aspectos deben tomarse en cuenta: el primero, se ha perdido la garantía de las elecciones en términos de una razonable contienda justa.
No lo es por la ostensible inequidad de la que muchos participan (no solo desde el gobierno), tampoco por la interferencia del dinero criminal o la acción de los cárteles, como ha ocurrido desde 2021.
El problema general es que no hay legalidad, no hay imparcialidad, menos justicia mínimamente confiable. Más aún, por si fuera poco, se ha incorporado una figura de nulidad que puede emplearse de manera discrecional en caso de que el régimen político necesitara revertir un resultado.
El segundo no remite a las reglas, instituciones o procesos, sino a la convicción de quienes mandan en el régimen político, evidente en las palabras de la presidenta Sheinbaum y en el mensaje reciente del líder moral del régimen político, el expresidente López Obrador.
En su imaginario se trata de la disputa por la nación, la defensa de la soberanía ante la embestida de la ultraderecha nacional e internacional ahora neofascista, calificativo aplicable a los adversarios, incluso, a los medios de comunicación independientes y sus conductores más visibles, sin dejar de lado el ecosistema digital, según creen, al servicio de la causa contra el país.
Se anticipa el fraude patriótico;
En un sistema democrático, que ofrece certeza de derechos y una justicia confiable, el miedo es un recurso de control frente a quien quebranta la ley.
En todo régimen de autoridad el miedo juega parte relevante. En un sistema democrático, que ofrece certeza de derechos y una justicia confiable, el miedo es un recurso de control frente a quien quebranta la ley; su presencia es de la mayor importancia porque inhibe conductas antisociales.
Quien transgreda entiende que habrá consecuencias.
Situación diferente el miedo de un régimen autoritario.
La acción represiva del Estado no se desprende del régimen legal, sino de la discrecionalidad de la autoridad.
Aquí en Chihuahua, donde en algunos municipios el propio IEE, sin ninguna duda quiere imponer a fuerza que en los municipios de Juárez, Janos, Cuauhtémoc, Camargo y Nonoava, por el simple echo que nunca a sido alcalde una mujer en eso municipios, ¿nos están sometiendo a un régimen autoritario?
El INE nació para ser el árbitro en alguna elección, respetando la bida interna de cada partido político, no para convertirse en dictador, así la democracia no existe.
La mejor combinación para lograr un buen sentido democrático en cada partido político, que se la jueguen en igualdad de circunstancias y quien game sea quien lo represente, por lo que no debe haber imposición alguna, ¿por género o por capacidad?
No es la certeza de derechos, sino la arbitrariedad.
El miedo tiene un efecto exponencial porque no es la ley, no es la norma escrita la que define qué está prohibido y permitido, sino la decisión de quién tiene la capacidad para sancionar, situación que se reafirma por la inexistencia de un régimen de justicia confiable.
El miedo en el régimen autoritario tiene su economía; es arbitrario en el sentido de que es discrecional, pero se ejerce, casi siempre, con un sentido demostrativo con el propósito de reafirmar el sistema de autoridad.
Su correcta administración abre espacio no solo a la obediencia, también al consenso, es decir, la adhesión social al régimen.
Autoritarismo no está reñido con aceptación, de hecho los gobernantes con mayor acuerdo suelen ser, casi siempre, los menos avenidos a las reglas del juego democrático.
El régimen obradorista siempre ha requerido del miedo.
La prédica moral no solo tiene que ver con postular lo deseable, esto es, no mentir, no robar, no traicionar; también con la recriminación al enemigo, quien es etiquetado como conservador, corrupto y hasta traidor a la patria.
En tal empeño reprender la libertad de expresión ha jugado un objetivo central a lo largo de estos ocho años de obradorismo; con tonos y formas diferentes, pero la embestida contra el periodismo independiente no ha cambiado; en estos dos años es más ostensible el uso de la justicia electoral y disposiciones reglamentarias o legales bajo el pretexto de defensa de las audiencias o la protección de los derechos de autor.
Queda claro que los nuevos términos de represión a la libertad de expresión el miedo juega un factor central; no se trata solo de castigar, sino que la persona, el medio o la empresa se inhiban de ejercer la libertad a manera de evitar una posible sanción.
Queda claro que la autocensura ha ganado terreno como nunca.
Hay una diferencia notable del gobierno de López Obrador, respecto al de ahora.
Antes la embestida contra el periodismo independiente venía directamente del presidente y casi siempre quedaba en eso, el insulto y la descalificación, pocas veces, que las hubo, escalaba a actos de gobierno.
Ahora, la presidenta también se refiere de manera negativa a los medios y periodistas independientes, pero no es tan frecuente y pocas veces ha sido tan frontal como su antecesor; sin embargo, en la estructura de autoridad sí ha permeado.
Los gobernadores cada vez son más propensos a la represión.
Capítulo aparte merece la justicia electoral con la amañada salvaguarda de la figura de la violencia política de género, dirigida no solo como recurso de castigo e intimidación a los medios convencionales y a quienes allí colaboran, también a los del espectro digital y hasta a ciudadanos.
En este mismo tenor el país ha sido testigo de un hecho inédito represión ejemplar en la actuación del Tribunal de Disciplina Judicial al someter a proceso sancionadora la exjueza Martha Magaña quien, en ocasión de la reforma del Poder Judicial, concedió la suspensión provisional del acto de autoridad reclamado (la discusión de la iniciativa por el Poder Legislativo), determinación judicial no acatada por la Cámara de Diputados.
El proceso sancionador no procede porque la juez actuó en el marco de sus atribuciones; que la resolución judicial (ignorada) no haya sido de la satisfacción del régimen político no da lugar a la sanción del juzgador en virtud de la independencia que la función jurisdiccional entraña.
Sin embargo, el tema no solo es la funcionaria señalada, por cierto, de conducta ejemplar; lo que pretende la autoridad a través del cuestionable Tribunal de Disciplina es establecer un precedente a partir del miedo, dirigido a todos los jueces por sus sentencias y actos judiciales que contravengan el interés del régimen político.
Conforme aumentan los problemas y el descontento con el régimen obradorista crece la necesidad de mantener control por la vía de la represión; el miedo es su mejor y más eficaz presentación.
Nepotismo e incongruencia política en Bocoyna: El caso de Macario Hermosillo y Yoshio Morales Hermosillo.
La política en el municipio de Bocoyna, Chihuahua, enfrenta un nuevo capítulo de cuestionamiento ético.
El presidente municipal, Macario Baldívar Hermosillo Pompa, busca colocar e impulsar dentro del Ayuntamiento y de la estructura de la coalición PAN-PRI a su sobrino, Yoshio Ismael Morales Hermosillo.
Esta intención representa una clara muestra de nepotismo que atenta contra los principios de equidad e imparcialidad en la administración pública local y deja en evidencia una marcada inconsecuencia en el discurso de los partidos que integran la alianza.
La contradicción del PAN y del PRI frente al nepotismo
Históricamente, el Partido Acción Nacional (PAN), tanto en sus dirigencias estatales en Chihuahua como a nivel nacional, ha enarbolado el combate a la corrupción y al favoritismo familiar como banderas centrales de su plataforma política. Sus voceros y legisladores han calificado repetidamente al nepotismo como una práctica inadmisible que vulnera la confianza ciudadana y degrada las instituciones.
Por su parte, la coalición PAN-PRI ha prometido a la ciudadanía gobiernos transparentes, eficientes y profesionalizados.
Sin embargo, en Bocoyna, las acciones de Macario Hermosillo Pompa desmienten esas promesas.
Afectación a la meritocracia: El impulso de familiares directos frena las oportunidades de liderazgos locales y servidores públicos con trayectoria que carecen de lazos consanguíneos con el alcalde.
Conflicto de interés y concentración de poder: Entregar espacio e influencia directiva a miembros de la misma familia (Hermosillo) desvirtúa el carácter público del Ayuntamiento.
Doble moral partidista: Inválida el discurso de exigencia y fiscalización que Acción Nacional y la coalición sostienen frente a otros gobiernos y fuerzas políticas a nivel estatal y nacional.
Consecuencias para el municipio y la alianza.
El intento de consolidar a Yoshio Morales Hermosillo dentro de las decisiones y nómina municipal provoca una grave fractura.
Así andan las cosas no solo en Bocoyna, en otros municipios, ese problema obviamente provoca división en las estructuras, deberían aprender a morena, como impone a sus candidatos en Cd. Juárez a andrea chavez y en Chihuahua, capital al Prof. Martin Chaparro.
¡Es cuanto! y mientras tenga alas para volar, seguiré volando… 🌷⚖️🦅🫶🏻🤜🏻👊🏻🤛🏻.
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Agradezco mucho la atención y su apoyo para este su humilde servidor.
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