La presidenta de la Comisión de Vivienda, Lilia Aguilar Gil, presentó una iniciativa que busca terminar con la especulación inmobiliaria obligando a los municipios a elaborar un inventario de los predios que se encuentren ubicados dentro de su territorio para lograr una adecuada planeación territorial y combatir la invasión de terrenos.
Y es que, la especulación inmobiliaria, aquella que apuesta por el incremento potencial de los costes, sustrayendo inmuebles (vivienda, comerciales o terrenos) del mercado, anticipándose a rentas diferenciales causadas por inversiones en construcciones que inciden en la tierra, le han sido congeladas por la Unidad de Investigación Financiera (UIF), más de 25 mil operaciones bancarias pertenecientes al sector constructor.
En su exposición de motivos, la legisladora recordó el caso del cartel inmobiliario “Ocean”, que operó en la alcaldía Benito Juárez desde hace 15 años durante varias administraciones a cargo de gobiernos panistas: Germán de la Garza Estrada (2006-2009), Mario Alberto Palacios Acosta (2009-2012), Jorge Romero Herrera (2012-2015) y Christian Von Roehrich (2015-2018).
Entre las principales anomalías que se encontraron estaban el rebase del número de niveles permitidos, omisión de recomendaciones para iniciar las indagatorias y sancionar a las inmobiliarias, constitución de sociedades que constituyen un conflicto de interés, entre otros.
“La consecuencia es el crecimiento desordenado de las ciudades, asentamientos irregulares y la carencia de servicios, proceso que se acrecienta con la especulación inmobiliaria y dado que los agentes actúan con una visión de ganancia, se niegan los derechos inherentes a la dignidad humana, como lo es la vivienda adecuada”, explicó la legisladora del Partido del Trabajo.
Y agregó: “la especulación inmobiliaria es uno de los varios hoyos negros en las leyes, son vacíos para aprovechan para lucrar con un derecho tan importante como la vivienda. Las iniciativas que estoy presentando buscan llenar estos vacíos e impedir que el negocio prevalezca sobre este derecho”.
La propuesta de reforma a la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, estaría contribuyendo en la plena identificación, ubicación, uso y regularización del inmueble aportando legalidad a la liberación de los predios mejorando prácticas y procedimientos de los municipios que, en algunos casos, desconocen la disponibilidad de predios que pudieran destinar al desarrollo urbano y la vivienda.
La misma propuesta busca que se faculte al municipio para emitir la declaración de utilidad pública y el decreto que corresponda para proceder a la expropiación; ocupación temporal, total o parcial; o la limitación de los derechos de dominio de inmuebles que, de acuerdo con la normatividad aplicable, estén en desuso, inutilizados o subutilizados.
“Esta ampliación de facultades ayudaría a las autoridades municipales a combatir de manera eficaz la especulación inmobiliaria; así como la derivada de cambios de uso de suelo de no urbano a urbano de aquél que carece de esta vocación o no es apto para la urbanización, lo que le genera a este orden de gobierno costos crecientes para proporcionar el acceso a los benefactores de la ciudad incluyendo infraestructura y equipamiento urbano, servicios de calidad y hasta oportunidades de trabajo”, explicó.